Si bien han pasado 15 años desde que ocurrieron los hechos que vinculan al ex gobernador, según el Código Penal en este caso el Estado tiene hasta el término de la pena máxima del delito para realizar la investigación, el cual incluso se amplía cuando son servidores públicos los investigados.
Sin embargo, para algunos abogados penalistas entrevistados por Noticias Telemedellín, no hay un fin constitucional ni ningún tipo de urgencia para privar de la libertad al gobernador de Antioquia.
Una vez se haga efectiva la detención, la defensa de Aníbal Gaviria tendrá derecho a interponer un recurso de reposición o apelación, y su responsabilidad o no en los delitos con los que se le vinculan deberá ser definida por la Corte Suprema de Justicia.
