La Corte Constitucional declaró sin efectos jurídicos el decreto en el que se contemplan subsidios y alivios en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia por la COVID-19.
Como inexequible fue declarado el decreto 580 de 2020, en el que se disponían las medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en medio de la emergencia sanitaria actual. Dicha inexequibilidad, se dio luego de constatar que, aunque el decreto promulgado contaba con la firma del presidente de la República, no todos los ministros del despacho aprobaron el documento, tal como se aprecia en sus páginas 11 y 13, donde faltan dos firmas: la del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez; y la de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres
En consecuencia, las medidas establecidas, como los subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; el pago de esos mismos servicios públicos por entidades territoriales, el pago diferido para las entidades sin ánimo de lucro, los aportes voluntarios entre otros, ya no tendrían efecto.
Se espera que, en los próximos días, la Corte Constitucional profiera la sentencia sobre la inconstitucionalidad de este decreto y aclare los alcances de la determinación.
