El decreto 799 de 2025 firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señala que el Gobierno nacional le retira la competencia al Consejo de Estado para conocer las tutelas que se interpongan contra el presidente de la República y el Gobierno nacional, al considerar que el tema puede ser analizado por jueces de circuito.
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“Es abiertamente ilegal, viola el artículo 113 de la ley 1437 de 2011 que es el Código de Procedimiento Administrativo que establece que los asuntos de justicia que pretenda regular el Gobierno nacional deben ser sometidos previamente a un estudio de la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado”, señaló Germán Calderón España, abogado constitucionalista.
El presidente Gustavo Petro señaló que la decisión está orientada con el propósito de garantizar imparcialidad y desconcentración en la administración de justicia. Especialistas advierten que la medida se da en medio de tensiones entre la cabeza del ejecutivo y las altas cortes.
“Hay que creer en los jueces de circuito, los jueces también están formados en derecho y llevan años protegiendo acciones de tutela, otra cosa es que desde lo político se pueda considerar que la decisión de Petro es una especie de revancha”, indicó David Suárez, abogado.
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La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal demandó el decreto, porque, según ella, representa una amenaza directa al estado social de derecho.
