La Corte Suprema de Justicia negó por segunda vez una tutela interpuesta por la defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, con la que buscaba extinguir la acción penal en su contra y quedar en libertad. La influencer y empresaria fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por la destrucción de la estación Molinos de TransMilenio durante el estallido social de noviembre de 2019. El alto tribunal consideró que no se vulneraron sus derechos fundamentales y respaldó la condena impuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ratificada posteriormente por la Sala de Casación Penal.
En su argumentación, la Corte sostuvo que la difusión de contenidos violentos a través de redes sociales tenía el potencial de incitar a otros a cometer actos similares, lo cual justificó la imputación por instigación a delinquir con fines terroristas. La defensa había planteado también una solicitud de justicia restaurativa, para que Barrera pudiera reparar los daños de forma activa, incluso trabajando en TransMilenio y liderando campañas contra el vandalismo. Esta alternativa, según el abogado Francisco Bernate, no busca impunidad, sino una forma distinta de cumplir la sanción.
El caso ha generado debate público, y recientemente el presidente Gustavo Petro intervino durante el consejo de ministros solicitando al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que gestione la liberación de Barrera, calificando su condena como un ejemplo de “machismo judicial” y cuestionando la proporcionalidad de la justicia frente a otros casos. Mientras tanto, Epa Colombia sigue privada de la libertad, sin que prospere ninguna de las acciones legales que ha intentado su defensa.
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