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Periodista colombiana secuestrada y agredida en 2000 lleva su caso a la CIDH

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Bogotá, 24 may (EFE).- La periodista colombiana Jineth Bedoya, víctima de secuestro y agresión sexual en 2000, va a demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de resultados en la investigación de su caso, que sigue impune.

“No hay ni una persona vinculada (con el caso) tras once años de investigaciones”, dijo hoy a Efe Pedro Vaca, abogado de Bedoya y relacionado con la no gubernamental Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha prestado acompañamiento judicial a la periodista.

La demanda ante la CIDH se presentará formalmente entre hoy y mañana, en coincidencia con el undécimo aniversario de los hechos, precisó Vaca.

El 25 de mayo de 2000, cuando se disponía a realizar una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá para el diario El Espectador, donde trabajaba entonces, Bedoya fue secuestrada a las puertas de ese centro, al parecer por paramilitares.

La periodista permaneció secuestrada durante 16 horas, sufrió torturas y agresión sexual, y finalmente fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, a unos 75 kilómetros al sur de Bogotá.

La “rigurosidad, diligencia y exhaustividad” necesarias en toda investigación “no existen” en el caso de Bedoya, y la “demora prolongada” e “injustificada” en la administración de justicia “deviene en una vulneración adicional de los derechos humanos”, argumentó Vaca.

Ha pasado “un tiempo exagerado para unos resultados tan pobres”, remarcó el letrado.

Mientras, la FLIP recordó en un comunicado que, “a pesar de que en su momento el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de que la CIDH pidió especial protección e investigación, los avances judiciales han sido mínimos”.

“Once años después, el proceso sigue en etapa de investigación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sin que haya alguna persona procesada por lo sucedido”, remarcó la FLIP.

Según esta ONG, el Estado colombiano “ha incumplido su deber de investigar y sancionar a los responsables, durante un periodo de tiempo razonable”, y la “impunidad” en torno del caso “debe ser motivo de vergüenza para las autoridades competentes”.