Bogotá, 10 oct (EFE).- El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) junto a otras organizaciones colombianas y europeas, solicitó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI), investigar al expresidente Álvaro Uribe, por los ataques sufridos por sindicalistas entre 2002 y 2012.
"Está demostrado que había una clara orden de atacar a los movimientos sindicales, donde están involucrados ministros de Defensa, altos mandos militares y el presidente de la época, como comandante máximo de las Fuerzas Militares", señaló hoy a periodistas, Alirio Uribe, presidente del CAJAR.
Ese colectivo, junto a la colombiana Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y al Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) pidieron a la Fiscalía de la CPI, en una comunicación que contiene un resumen sobre la violencia sindical en Colombia 2002-2012, abrir una investigación para encontrar los responsables máximos de 775 crímenes a sindicalistas en el país.
En ese período, según el presidente del CAJAR, se registró una "oleada de ataques a sindicalistas que, incluyen secuestros hostigamientos, amenazas, atentados y asesinatos".
Cifras entregadas a la CPI, señalan que en ese período "se presentaron 6.344 casos de violaciones de los derechos sindicales" de los cuales se destaca que "hay 3.785 casos de amenazas, 455 detenciones arbitrarias, 361 hostigamientos, 775 homicidios y 61 desaparecidos".
La ECCHR informó también a periodistas este miércoles en Bruselas en una conferencia sobre la violencia contra miembros y dirigentes de sindicatos en Colombia celebrada en el Parlamento Europeo, que en los últimos 30 años se han cometido casi 3.000 asesinatos de sindicalistas en el Colombia.
La misma organización, a través del secretario general del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Wofgang Kaleck, agregó que el 77 % de las agresiones quedan impunes, sin que ni siquiera se identifique a los autores, mientras que los paramilitares son considerados responsables en un 13 % de los casos, la guerrilla en un 5 % y las fuerzas de seguridad en un 3 %.
