Bogotá, 11 dic (EFE).- El Senado colombiano aprobó una reforma al fuero militar en el que se da vía libre para que la justicia ordinaria y no la militar se haga cargo de delitos como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento, pero deja fuera las demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Tras discusiones de más de siete horas, la reforma recibió 54 votos a favor y cinco en contra, tras lo cual el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que esa decisión es una clara muestra del respaldo del Congreso a las fuerzas de seguridad del Estado, al reiterar que este proyecto no busca la "impunidad".
Después de ocho debates en las dos Cámaras del Congreso y cuatro audiencias públicas, contempla una nueva Justicia Penal Militar que se hará cargo de los delitos que cometan los miembros de la Fuerza Pública, en un país que acumula casi 50 años de conflicto armado.
Por la de tres artículos de la Constitución colombiana, se crea un Tribunal de Garantías cuya tarea es vigilar y asesorar a los uniformados que se vean involucrados en delitos durante el servicio y que sean procesados.
Este tribunal estará integrado por ocho magistrados, de los que cuatro serían miembros de la fuerza pública en retiro y el resto hombres de leyes, elegidos por el presidente del país a partir de una terna.
Además, una oficina técnica, adscrita al Ministerio de Defensa, pondrá abogados a disposición de esos militares.
Según lo aprobado, la Fiscalía General de la Nación, ente investigador y acusador en Colombia, contará, en coordinación con la Justicia Penal Militar, con un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública.
A partir de ese momento, trasladará a la Justicia Penal Militar aquellos en los que no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria, que son los delitos citados, todos ellos considerados de lesa humanidad.
También se incluye la creación de una comisión encargada de viajar al lugar donde se haya cometido un delito con el fin de recabar pruebas y determinar a qué instancia se dirigirá el caso.
Se trata de dirimir conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la penal militar.
De acuerdo al nuevo fuero militar, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado encarcelados o condenados no podrán estar en el mismo lugar que los delincuentes o civiles sentenciados, para lo que se habilitarán penales o establecimientos exclusivos para su reclusión.
El entusiasmo del Gobierno de Colombia y de la gran mayoría de los legisladores contrasta sin embargo con las críticas de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esas organizaciones consideran que el proyecto abre las puertas a la impunidad en un país con una trayectoria de violaciones a los derechos humanos.
A su juicio, algunos delitos cometidos por la fuerza pública, como los llamados "falsos positivos", es decir, ejecuciones extrajudiciales de civiles que tras ser secuestrados fueron asesinados para presentarles como guerrilleros muertos en combate, podrían quedar en manos de la justicia militar por tratarse de delitos cometidos durante el servicio.
La Fiscalía tiene hasta el momento cerca de 3.000 casos de este tipo de crímenes documentados, que según la ONU se han producido de "forma sistemática" en Colombia, la gran mayoría además sin procesar y sin hallar a los culpables.
El ministro Pinzón explicó, sin embargo, que "buena parte de los casos que estudiará la Fiscalía ni siquiera pasarán a la Justicia Penal Militar porque forman parte de las conductas o delitos excluidos en la reforma".
Adelantó además que en marzo de 2013 presentará al Congreso, con mensaje de urgencia, los proyectos de Ley ordinaria y estatutaria que definan la estructura independiente y autónoma de la Justicia Militar, para que se "le entregue al país la tranquilidad de la aplicación real de la justicia y se evite la impunidad".
Por lo demás, agradeció al Congreso "el trabajo realizado" y señaló que la "decisión refleja el aprecio y el reconocimiento que el país siente por sus Fuerzas Militares y su Policía Nacional, se obtiene además un beneficio para todos los colombianos, porque la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública se verá reflejada en la seguridad de todos los ciudadanos", dijo Pinzón.
Afirmó que con el nuevo fuero los policías y militares "podrán actuar de manera decidida y comprometida, siempre en el marco de la Ley y la Constitución".
