Bogotá, (EFE).- El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo hoy que una huelga campesina como la anunciada para el próximo 28 de abril será perjudicial para el país y reiteró que los compromisos con el campo se están cumpliendo.
Al término de una reunión en Tunja, con campesinos con los que dialogó sobre los problemas del sector, Iragorri fue enfático en que "un paro agrario le haría mucho daño al país".
Diferentes sectores del campo han anunciado que si el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no cumple con lo pactado luego de la huelga del año pasado, una nueva comenzará el próximo 28 de abril, un mes antes de las elecciones presidenciales.
Según Iragorri, el Gobierno "nunca ha roto los diálogos" y se han obtenido "resultados y soluciones", al tiempo que subrayó que "los compromisos con el campo se han cumplido, y se seguirán cumpliendo".
En este sentido, añadió que su visita a Boyacá fue "para construir y no para destruir, para dialogar y no para generar violencia, en el departamento más pacífico del país".
Y destacó que el Gobierno ha hecho grandes inversiones para mejorar las condiciones del campesinado en áreas como la tierra, la vivienda rural, los proyectos productivos, los subsidios a los cafeteros y cacaoteros, el riego y el drenaje, la asistencia técnica y la investigación y el crédito.
El movimiento agrario protagonizó en agosto y septiembre de 2013 un paro agrario que se prolongó durante tres semanas y puso en jaque al presidente Santos con el bloqueo de medio centenar de vías en trece departamentos, incluyendo los pasos fronterizos con Ecuador y Venezuela.
Por su lado, el Consejo Gremial Nacional, que reúne a las principales asociaciones de empresarios del sector privado del país andino, expresó su preocupación por la realización de nuevos paros.
La entidad hizo un llamamiento "a los diferentes sectores involucrados en posibles paros, para que reconsideren este curso de acción y opten por mantener el diálogo y las vías institucionales".
En un comunicado agregó que las políticas públicas no deben basarse en paros y bloqueos y que cualquier decisión o acción debe atender, ante todo, el bienestar general.
