Reglas claras. Esto es, casi en síntesis, lo que pide el sector minero formal o legal. Esta petición, que en otros sectores de la actualidad nacional, se ha traducido incluso en la separación de los misterios de Interior y de Justicia, o en la separación de Vivienda y Medio Ambiente, que se espera para los próximos meses, en el caso minero implica la creación de la Agencia Nacional Minera o de Minería en lo que resta del año.
Esta nueva entidad del Gobierno Nacional, tiene grandes retos y genera grandes expectativas, sobretodo si se tiene en cuenta que una de sus tareas es ser el eje que permita aprovechar una eventual “bonanza minera”, sin sacrificar con ello temas como el medio ambiental, social u otros temas que contradictores de la minería esgrimen para oponerse a esta actividad económica.
El director del Departamento de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, en nombre del Gobierno, reconoció la importancia de esta nueva Agencia. Aseveró que el desarrollo de la minería “no ha tenido el mismo alcance” que el de hidrocarburos por la falta de una entidad que se encargue de manera específica de la administración del recurso.
El director afirmó que una de las razones de este “rezago”, es que el Ministerio de Minas y Energía delegó esa función en algunas entidades territoriales y en Ingeominas, organismo que en principio se creó para producir y divulgar conocimiento geológico.
“Ahora todo el mundo está feliz y dichoso con una Agencia Nacional Minera, a mí lo que me interesa es una institucionalidad seria, profesional, con memoria institucional y con proyecciones a futuro, que ejecute la labor básica que le manda la constitución, que es la de la administración del recurso minero con interés nacional, tan simple como eso”, afirmó Eduardo Alfonso Chaparro Ávila, director ejecutivo de la cámara Asomineros, de la Asociación Nacional de Industriales, Andi.
Así mismo, Claudia Jiménez, presidenta del Sector de la Minería a Gran Escala, afirmó que “una de las claves para la competitividad del sector es contar con una institucionalidad técnica y eficaz.
El sector legal y formal quieren una institucionalidad fuerte, consolidada, quiere una autoridad de regulación y supervisión que sea transparente y que le cumpla al país”.
El Reto es aún más grande
El debate es aún mayor. Por ejemplo, el director ejecutivo de Asomineros incluso afirmó que preferiría un Ministerio de Minas independiente, es decir que existiera no un Ministerio de Minas y Energía, sino uno de Minas y uno de Energía. Él argumentó que es tal el esfuerzo y la atención que demanda el sector energético únicamente, que bien podría requerir un Ministerio dedicado exclusivamente a esta tarea, y así dejar la minería a un nuevo Ministerio.
Aún así, el aclaró que en última instancia lo que se requiere “es que el Estado tenga una autoridad minera que ejerza las labores de administración del recurso en términos de entrega y titulación de derechos mineros, de seguimiento y fiscalización de los mismos y de evaluación de los rendimientos y las obligaciones de los beneficiarios de los títulos mineros”.
Adicionalmente, el carácter transversal del sector de la minería es otra “dificultad” de esta actividad, afirmó Claudia Jiménez.
Según ella, no solamente involucra al Ministerio de Minas y Energía. También al Ministerio que regula los temas ambientales, al de Defensa, al de Comercio, al de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación, al de Interior y Justicia (hoy separados). Afirmó que son “7 instituciones que están opinando y tomando decisiones sobre el sector minero, sin ninguna comunicación interna”.
Por esta razón, de acuerdo con Jiménez, “se requiere definitivamente una instancia de coordinación, con capacidad de decisión, no solamente de coordinación, para que el Gobierno tenga una línea conceptual coherente, que le permita al sector estabilidad y certidumbre en las reglas de juego que se le aplican al sector minero, una de las locomotoras jalonadoras del crecimiento”.
De esto, también es consciente el Gobierno Nacional. Así lo mostró el director Nacional de Planeación. “Por supuesto desde las instituciones hay una gran dispersión de la autoridad, la aplicación de criterios diferentes para otorgamiento de títulos, por no mencionar toda la corrupción que se ha detectado alrededor de algunos casos de títulos”, afirmó al referirse a la necesidad de coordinación, y a un caso concreto y controversial, de la adjudicación de títulos mineros.
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