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Bogotá, 18 abr (EFE).- Unas 3.650 familias afrodescendientes del noroeste de Colombia recibirán el título que les reconocerá la propiedad colectiva de 170.000 hectáreas que han ocupado de manera ancestral, dijeron hoy portavoces de la minoría étnica.
El título colectivo será entregado en junio por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), precisó a Efe el asesor jurídico del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), Luis Alberto Rivera.
El abogado resaltó que la fecha para la formalización del territorio es la séptima que se le anuncia a la organización no gubernamental (ONG) desde julio de 2010.
"Vemos con cierta incertidumbre esta nueva fecha, pero esperamos que ahora sí sea así", expresó Rivera por teléfono desde la oficina del Cocomopoca en Quibdó, la capital del Chocó, departamento selvático de la frontera con Panamá.
El jurista advirtió que la ONG solicita desde diciembre de 1999 la titulación colectiva del vasto territorio, situado en comprensión de las localidades chocoanas de Atrato, Bagadó, Cértegui y Lloró, en las que en conjunto están asentadas unas 3.650 familias distribuidas en 45 comunidades.
Un censo realizado en 1999 concluyó que estas comunidades tenían cerca de 31.000 habitantes, población que diez años más tarde, según resultados de otro recuento de personas, se había reducido a 12.500.
Las otras 18.500 se desplazaron por presión de grupos guerrilleros y paramilitares, así como por el ingreso de mineros ilegales, explicó el asesor jurídico de la ONG, para subrayar que los afrodescendientes también han sido víctimas de despojo de tierras a manos del Estado, que ha construido allí de manera arbitraria instalaciones para la fuerza pública.
Rivera observó que la falta del título de propiedad colectiva facilita el ingreso de otras personas en el territorio, por considerarlo baldío o sin dueño, mientras que el Gobierno adjudicó unas 50.000 hectáreas a la Anglogold Ashanti, multinacional minera sudafricana.
En este contexto, dijo que el Incoder registra allí cuarenta "poseedores" a quienes les reconoció a finales del año pasado la propiedad de 400,1 hectáreas.
Entre estas personas están familias adineradas y políticos que viven en Quibdó y no en el territorio ancestral, añadió Rivera, quien denunció que existen casos en los que un poseedor que hace diez años decía tener cinco hectáreas, ahora aparece en los registros del Incoder con cuarenta hectáreas.
"Además, algunos no tienen ni mejoras en esas tierras", apuntó el asesor jurídico, que señalo que "el Consejo Comunitario Mayor reconoce unas 130 hectáreas de poseedores de buena fe".
Rivera recordó que el Cocomopoca es una de las ONG que reclaman tierras que han sido amenazadas por las llamadas bandas criminales (bacrim), grupos de naturaleza paramilitar que surgieron tras la disolución, a mediados de 2006, de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Al menos 46 líderes de desplazados que reclaman tierras usurpadas han sido asesinados desde marzo de 2002 en Colombia, según registros de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Esta ONG calcula que unos 5,2 millones de colombianos se han desplazado de manera forzada desde 1985, por efecto del conflicto armado interno o la violencia, y que a esta población le fueron usurpadas cerca de 6,63 millones de hectáreas.
El proceso del Cocomopoca es acompañado por un comité interinstitucional liderado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR, estatal).
