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En la cumbre de la Corte Suprema de Justicia fueron citados el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el Inpec, y los alcaldes de Bogotá, Cali, Barranquilla y de Medellín, Federico Gutiérrez, ante la crítica situación de hacinamiento en las URI y estaciones de Policía.
Se definieron cuatro medidas por la situación de hacinamiento: el Inpec presentará el informe de quienes en las cárceles ya tienen derecho a libertad condicional y prisión domiciliaria, también se hará el estudio de que las alcaldías creen sitios temporales para los privados de la libertad y, revisión de la conectividad para que no se vean afectadas las audiencias virtuales y el traslado de condenados.
“Se tiene identificado que casi 900 personas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de Policía y en las URI ya tienen la calidad de condenado, a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional se va a procurar el traslado de estas personas”, indicó Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En el Valle de Aburrá comenzarán los traslados de 15 de las cerca de 30 mujeres detenidas en las estaciones de Policía de Santa Elena y Copacabana hacia la cárcel Pedregal.
En Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín hay 27.000 detenidos hacinados en 1.500 URI y estaciones de Policía.
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