El nuevo decreto busca reducir la población carcelaria, atacar el hacinamiento y sacar de las más de 138 cárceles de Colombia, a la población más vulnerable de contraer la COVID-19, que ya llegó con 15 casos, a la cárcel de Villavicencio, por ejemplo.
La medida, según los cálculos del Ministerio de Justicia, permitiría la salida por 6 meses a prisión domiciliaria, de por lo menos 4 a 5 mil internos, entre ellos, detenidos mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes o con hijos menores de 3 años, reclusos con enfermedades graves o crónicas, en situación de discapacidad o condenados con medida de aseguramiento de detención preventiva por delitos culposos y aquellos que hayan cumplido con el 40 por ciento de la pena.
Este beneficio por 6 meses obliga a los beneficiados a retornar a la cárcel y centros de reclusión para seguir cumpliendo las condenas. Este decreto beneficia igualmente a detenidos en estaciones de policías y unidades de reacción inmediata de la Fiscalía.
