El escándalo surgido con los supuestos falsos muertos de la masacre de Mapiripán (Meta), será informado a la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos.
“He pedido a la canciller María Ángela Holguín que informe de estas revelaciones al secretario general de la OEA para que se ponga el tema en la agenda de la próxima reunión de cancilleres”, indicó.
Entre tanto, el Consejo Superior de la Judicatura inició la investigación para establecer la conducta de los abogados que habrían presentado víctimas falsas de la matanza ocurrida en julio de 1997.
“Se ordenó una inspección judicial al proceso que reposa en la Fiscalía, para conocer los detalles de cómo se llegó a establecer la existencia de la red de falsas víctimas”, dijo el magistrado de la Sala Disciplinaria, Angelino Lizcano.
Por su lado, Eduardo Carreño, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que asesoró la demanda contra el Estado, dijo que la entidad devolverá los dineros que recibió si se comprueba que la señora Mariela Contreras y su grupo familiar no son víctimas de la masacre.
Carreño negó que la mujer le haya informado que su hijo finalmente apareció con vida y que le sugirieron quedarse callada y no denunciar ante las autoridades.
El letrado del Colectivo de Abogados, además, calificó de “descabellados” los pronunciamientos del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra y del procurador, Alejandro Ordóñez.
Mientras Esguerra tildó a los abogados del colectivo como “avaros y sinvergüenzas”, el jefe del Ministerio Público señaló al bufete como una “banda criminal”.
“Es necesario decir, sin ambages, con toda claridad, que conductas como las conocidas en el caso de Mapiripán son propias de bandas criminales especializadas en estafar al Estado colombiano”, afirmó Ordóñez, quien pidió al gobierno que intervenga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que revise la decisión de ordenar al Estado el pago de millonarias indemnizaciones.
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