En Colombia se concibe que la víctima de corrupción institucional es por naturaleza el Estado, a quien los hechos corruptos causan un debilitamiento y perjuicios. No obstante, detrás de la malversación de recursos públicos hay ciudadanos que esperan una inversión transparente en programas de bienestar.
De manera inédita, en el proceso por posible corrupción en el caso del programa Buen Comienzo con el Plan de Alimentación Escolar, dos madres y una veeduría ciudadana lograron que un juez las reconociera como víctimas, un cambio de paradigma.
En este informe especial las madres cuentan cómo el supuesto manejo indebido de un contrato público les causó serias dificultades a su salud y a la de sus hijos, y porqué la ciudadanía no debería normalizar la corrupción como un delito que afecta a las poblaciones.
Esta historia hace parte de un especial de Transparencia por Colombia que contó con la colaboración de Noticias Telemedellín, en un informe elaborado por Juan Guillermo Sanmartín Romero, editor general de Noticias Telemedellín.
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