Bogotá, (EFE). Los arroceros colombianos pidieron hoy más atención del Gobierno para hacer frente a la crisis del sector agropecuario, que atribuyeron en parte al contrabando, a la revaluación del peso y a los tratados de libre comercio.
Los problemas del sector fueron el eje de los discursos en la inauguración esta noche en Bogotá del 34 Congreso Nacional Arrocero, que hasta el próximo viernes analizará la situación y perspectivas de este sector.
"Tenemos graves problemas con el contrabando de arroz de Venezuela y con el TLC firmado con Estados Unidos", dijo el presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Arrocers (Fedearroz), Gonzalo Sarmiento Gómez.
El dirigente criticó las "ayudas asistencialistas" del Gobierno a los arroceros, que no sirven para resolver los problemas estructurales del sector y dijo que ese dinero sería mejor aprovechado si se destinara a proyectos para mejorar la competitividad.
"El arroz es un producto sensible y estratégico para la seguridad alimentaria del país", dijo Sarmiento, quien pidió al Gobierno que aplique medidas concretas para ayudar al sector a salir de la crisis.
Esas medidas, dijo, son políticas crediticias adecuadas, promover el desarrollo de distritos de riego y obras de infraestructura para mejorar la logística, inversión en ciencia y tecnología y en capital humano, reducción de la carga tributaria y recuperación del orden público que ha empezado a deteriorarse en algunas regiones.
Por su parte el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, dijo que "el Estado debe volcar sus esfuerzos al sector agropecuario" del que dijo que durante décadas fue un estabilizador de la economía colombiana.
"El Estado no puede permitir la destrucción de 500.000 empleos que genera el sector arrocero nacional", dijo Hernández.
En la apertura del congreso intervino también el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, quien dijo que la crisis del sector arrocero no es aislada sino que afecta a todo el campo, y pidió la construcción de una política agraria de Estado que esté al margen de intereses políticos.
