La Superintendencia de Industria y Comercio es autoridad administrativa y judicial en el caso del Grupo CDO. Eso significa que será quien decida si hay irregularidades merecedoras de sanciones o no para las empresas del Grupo CDO por incumplir el régimen de protección del consumidor, así mismo será quien determine si el Grupo constructor debe devolver o no el dinero de sus inmuebles a los afectados que han realizado la reclamación ante la Superintendencia.
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