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La Superintendencia de Transporte inició un proceso administrativo contra Uber con el fin de verificar si presuntamente ha incumplido la orden impartida previamente por la entidad.
Presuntamente, la sociedad habría ejecutado actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros.
En caso de que la empresa no acredite el cumplimiento de la orden, la Superintendencia de Transporte podrá imponer multas sucesivas hasta de 500 SMLMV mientras permanezca en rebeldía.
El presunto incumplimiento se fundamenta en no cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros.
