Desde la hacienda presidencial en Hatogrande, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro sancionó la norma que prorroga la Ley 418 de Orden Público y que define el concepto de Paz Total del Estado.
El jefe de Estado colombiano dijo que la Ley de la Paz, ese marco jurídico hoy renovado, es la regulación que le permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total en Colombia.
Además, se dirigió al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, encomendándole la misión de implementar buena parte de la reglamentación sancionada, pues según explicó:
"Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente, de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país".
Y es que, con el proyecto sancionado y renovado, se abre nuevamente el camino para concertar un proceso de paz con grupos subversivos y la posibilidad de sometimiento de los grupos criminales que operan en el país.
Otro asunto fundamental dentro del contexto de esta ley y del Acuerdo de Paz firmado en la Habana, es que las zonas veredales, definidas como espacios para la dejación de armas y la reincorporación de los actores armados ilegales, se conserven; pero además, la posibilidad de un gabinete de paz compuesto por varios ministros y la implementación de regiones de paz, que corresponde a municipios agrupados para trabajar como ejes en función de acabar con décadas de guerra.
Finalmente, el contexto actual en que se sanciona la Ley de la Paz, también tiene un suceso histórico y es la alternativa que tendrán los jóvenes de elegir si prestan el servicio militar o realizan servicio social.
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