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La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en Colombia, aseguró que, si bien las cifras de líderes y defensores asesinados en el país es preocupante, las investigaciones no pueden quedarse sólo en un conteo de casos, sino que deben apuntar a la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables.
Juliette de Rivero, la Alta Comisionada, le pidió al Gobierno y, en especial, a la Fiscalía, mayor coordinación del Estado en la investigación no sólo de los homicidios sino en la contención de las amenazas y los ataques en contra con defensores y líderes sociales en todo el país.
La diplomática fue clara en que el Gobierno Nacional está en la obligación de garantizar la vida y la protección de los derechos de estas poblaciones sin importar la labor que cumplan o dónde la ejerzan, tal como quedó establecido en los Acuerdos de paz.
Para esta agencia de la ONU, Colombia está en mora de implementar una política real para el desmantelamiento de estructuras que afectan la seguridad y la tranquilidad de esta población.
A la política de desmantelamiento, de acuerdo con la ONU, se le deben sumar una reforma rural, garantía de derechos y oferta institucional en los territorios.
