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La ONU insta a penalizar la discriminación racial de afrodescendientes en Colombia

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Bogotá, 21 mar (EFE).- La ONU instó hoy a Colombia a penalizar el racismo hacia su población afrodescendiente y alertó de que la pobreza extrema se ceba especialmente con esas comunidades, en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

"Lamentablemente la discriminación racial es una realidad en Colombia", denunció en un comunicado el representante en el país de la Oficina de la Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar.

Para Salazar, una ley que penalice la discriminación racial "enviará una fuerte señal a la sociedad colombiana para que se respeten los derechos y la dignidad de los pueblos afrocolombianos, palenqueros y raizales".

En ese sentido, valoró que el Congreso colombiano esté estudiando en la actualidad una ley contra el racismo.

En Colombia hay unos 4,5 millones de afrodescendientes, que representan el 10 por ciento de la población.

Según la ONU, en 108 municipios que tienen más de un 30% de población afrodescendiente "el índice de desarrollo humano evidencia grandes rezagos frente a los promedios del país" en temas como esperanza de vida y tasas de mortalidad infantil.

Además, "algunas zonas rurales y guetos urbanos afrocolombianos registran tasas de extrema pobreza superiores al 60% y carecen de acceso a los servicios sociales y a los programas de asistencia".

A todo esto se une que "los cinco departamentos con mayor porcentaje de población que vive en la pobreza y con peor calidad de vida son los que tienen mayor concentración de afrocolombianos (Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño)".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia también alerta de que los afrodescendientes sufren "gravemente" el impacto del conflicto armado interno, con amenazas, asesinatos, desplazamiento forzado y violencia sexual contra las mujeres.

Por ello, se recomienda al Gobierno desarrollar "planes de protección" para garantizar la vida de los afrodescendientes y la "construcción e implementación de políticas públicas que mejoren su ejercicio de los derechos humanos".

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