Bogotá, 22 feb (EFE).- Las Naciones Unidas alertaron hoy de la situación a la que están expuestos los civiles en Colombia como víctimas de ataques, en ocasiones mortales, perpetrados por la fuerza pública y grupos armados ilegales como guerrillas y neoparamilitares dentro y fuera del conflicto armado.
Estas conclusiones se desprenden del informe anual sobre Colombia elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, presentado en Bogotá por su representante, Todd Howland.
En una rueda de prensa, Howland destacó que en el último año ha habido "un desarrollo bastante positivo" y hechos que animan a tener esperanza, como el proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se desarrolla en La Habana, Cuba, desde noviembre.
No obstante, consideró "inadecuada" y "urgente" la respuesta estatal hacia las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares a cambio de beneficios, conocidas en Colombia como "falsos positivos".
"Han sido muy pocos los responsables" de este delito de lesa humanidad que han sido retirados del servicio o procesados, destacó Howland al ilustrar con cifras que de los 4.716 casos de "falsos positivos" que tiene registrados la Fiscalía, tan sólo un 30 % están en marcha.
Aunque en 2012 la ONU no conoció ninguna "acusación o denuncia" por "falsos positivos", Howland resaltó que "todavía hay un espacio por el que los militares están matando a alguien, están violando derechos de vida en el marco del conflicto".
El informe reseñó que el Ejército y la Policía mataron el año pasado a varios civiles en circunstancias que no justifican su labor como garantes de la seguridad del país, y alertaron que los agentes involucrados han optado por encubrir el hecho y tratar de enmarcarlo en el conflicto o por afirmar que actuaron "sin intención".
Como ejemplo, recordó una situación en la que un soldado disparó contra una pareja de indígenas que estaba pescando en un río de Risaralda (centro), acción que el militar justificó en que pensó que eran guerrilleros.
Asimismo destacó también que "las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) continuaron sistemáticamente despreciando el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos", con actos como asesinatos selectivos y la ubicación de minas que causaron el aumento de muertes de civiles en un 39 %.
Igualmente identificó a los grupos herederos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas a partir de 2005, como algunas de las "mayores amenazas para el orden público", para todos los habitantes y activistas, sobre todo para los líderes de la restitución de tierras usurpadas.
"La insuficiente investigación oficial ha hecho imposible aclarar estas amenazas o ponerles fin", advirtió el documento.
Por otro lado, esta oficina de Naciones Unidas reiteró sus críticas hacia la polémica reforma constitucional al Fuero Militar aprobada el año pasado en Colombia, por la que los delitos de la fuerza pública en servicio pasan a un tribunal especial a excepción de los crímenes de lesa humanidad, que asume la Justicia ordinaria.
La Oficina en Colombia redactó el informe antes de la aprobación del texto en el Congreso a finales de noviembre, por lo que no pudo elaborar una recomendación sólida, aunque Howland invitó a "repensar sobre las implicaciones que esta reforma puede tener en los foros internacionales".
El documento expone que la reforma "vulnera la separación básica entre los poderes", que es necesaria para la independencia de la Justicia, al tiempo que "refleja la falta de confianza y respeto entre las distintas instituciones del Estado".
Por su parte, el viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, rechazó en una rueda de prensa estos reparos y dijo que el fuero ampliado da "más garantías tanto a las víctimas del conflicto como a los integrantes de nuestra fuerza pública" y que precisamente busca acabar con la impunidad.
Este informe será estudiado en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al que se someterá Colombia el próximo 23 de abril en Ginebra.
