Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, lo dejan tranquilo los últimos indicadores del agro colombiano, que señalan crecimientos donde antes sólo había saldos en rojo.
No obstante, Restrepo no quiere despertar falsas expectativas.
Sabe que el reto de restituir más de dos millones de hectáreas de tierra a los campesinos víctimas de la violencia y sacar del atraso y el olvido al campo colombiano, prioridades de su cartera, no serán tareas fáciles.
Desde hace décadas, el agro colombiano muestra una situación de pobreza cercana al 65%, una tasa de desempleo superior al 12% y una informalidad en la tenencia de la tierra que bordea el 40%.
A eso se suma la violencia que ha soportado el campo por más de 50 años, que ha tenido como eje de disputa la tierra.
Por cuenta de esta guerra, más de tres millones de campesinos abandonaron sus predios en los últimos dos decenios.
Y ese éxodo masivo propició el despojo de miles de hectáreas de tierra con dimensiones escandalosas en regiones como Urabá, Montes de María y Meta.
Ahora que el gobierno quiere remediar esta situación, tendrá que enfrentar múltiples dificultades, como la amenaza de que testaferros y despojadores quieran defender a sangre y fuego lo que adquirieron violentamente.
“Desde el 7 de agosto de 2010 se han presentado ocho casos de violencia dirigidos contra líderes campesinos, de los cuales cinco estaban vinculados a procesos de reclamación.
Son situaciones preocupantes, pero una cifra baja si se tiene en cuenta que hemos identificado más de 320.000 familias despojadas”, agrega el ministro.
Dificultades
¿Cómo enfrentará las dificultades que implica la Ley de Víctimas?
“La aplicación de esta ley tendrá muchas dificultades y el primero que no las soslaya es el gobierno. Pero no podemos llegar a la conclusión que quieren algunos: que la Ley no se aplique. Hay que afrontar las dificultades con la Ley en la mano”.
¿Esta Ley puede considerarse como una “reforma agraria”?
“Si por reforma agraria se entiende facilitarle a los despojados de la tierra que recuperen sus patrimonios, entonces sí es una reforma agraria. Pero sería más correcto decir que es un mecanismo de justicia y de equidad”.
Para las víctimas es muy esperanzador escuchar eso. Pero ya hay sectores del agroempresariado preocupados porque sienten que los están equiparando con testaferros y despojadores...
“La Ley sólo busca facilitar que quién fue despojado de sus tierras las pueda recuperar. La Ley es muy respetuosa del Estado de Derecho, del tenedor de buena fe exento de culpa, del empresario honesto. De la aplicación de esta Ley solo deben temer los despojadores y sus testaferros, no el 98% de los empresarios honestos que tiene el campo colombiano”.
¿Y no sería una medida sana que el Ministerio publicara los nombres de los testaferros y poseedores de mala fe ya identificados?
“El Ministerio de Agricultura no es un juez. Los jueces agrarios están previstos en esta Ley. El Ministerio propiciará que las víctimas puedan hacer valer sus derechos ante los jueces, pero quien dirá la palabra última será un juez de la República, no la Administración Pública”.
¿Le preocupan las revelaciones hechas por el Superintendente de Notariado y Registro sobre las irregularidades cometidas por el Fondo Ganadero de Córdoba para adquirir tierras en el Urabá?
“Claro que nos parecen muy graves porque, de corroborarse dichas investigaciones, mostraría que ese Fondo desvió su objeto social y que en vez de fomentar la ganadería, fungió como facilitador de apoderamiento de tierras. Estamos estudiando todas esas denuncias del Superintendente y, junto con él, estamos analizando qué medidas se toman contra ese Fondo”.
Pero todo indica que no es el único fondo ganadero con problemas...
“El Ministerio está analizando con mucho cuidado el tema de los fondos ganaderos. En este momento están intervenidos el Fondo Ganadero del Meta y el de Cauca. Con graves pérdidas patrimoniales otros muchos. En el Fondo Ganadero del Atlántico se perdieron 1.200 reses que habían dado en consignación y eso ha derivado en un problema patrimonial muy delicado”.
Desarrollo agrario
¿La restitución de tierras contempla acompañamientos para quienes se les restituya su predio?
“Sí. El gobierno pondrá próximamente a consideración del Congreso una ley complementaria de desarrollo rural.
Estamos haciendo grandes esfuerzos presupuestales para ir aumentando los programas de desarrollo rural que estaban completamente ignorados, olvidados y desactivados en Colombia. Apoyar al pequeño campesino es una de nuestras prioridades”.
En cifras, ¿cómo se traduce lo anterior?
“Todos los recursos son insuficientes, dada la magnitud de las necesidades. Pero en relación con el año pasado, en el presupuesto del 2012 vamos a aumentar un 30% los recursos orientados al desarrollo rural. Todos nuestros programas de inversión ascenderán el año entrante a un billón 700.000 millones de pesos. Sigue siendo poco, pero es un aumento significativo en relación con los años anteriores”.
Entonces, ¿ya despegó la locomotora agraria?
“Sin despertar demasiadas expectativas hay que señalar lo siguiente: durante los años 2008, 2009 y 2010 el agro no creció o creció negativamente.
Las últimas cifras disponibles de crecimiento del PIB nos muestran que el sector agropecuario en el último trimestre del 2010 creció el 4% y un 7.8% en el primer trimestre de 2011. Y aspiramos que el crecimiento del sector esté entre el 3% y el 4%. Vamos lento, pero ya despegamos”.
¿Se superó el tema de Agro Ingreso Seguro?
“Agro Ingreso Seguro no solo cambió de nombre sino de sustancia. El nuevo programa no está abierto sino a pequeños y medianos productores. El grande, sí está asociado en un 60% al pequeño, podrá acceder. El gran empresario tiene acceso a otros mecanismos de crédito”.
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