Bogotá, 6 nov (EFE).- La Justicia colombiana formuló hoy la imputación de cargos contra Salvatore Mancuso, antiguo alto mando paramilitar extraditado en Estados Unidos, por los delitos cometidos en 650 casos de homicidio, desplazamiento forzado, tortura y destrucción y apropiación de bienes, entre otros.
La Fiscalía informó en un comunicado del resultado de la audiencia de imputación celebrada en el Tribunal Superior de Justicia y Paz de la ciudad de Bucaramanga (Santander, noreste) contra el exjefe paramilitar.
Durante la sesión, el magistrado documentó el modus operandi de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la comisión de los delitos que dejaron unas 4.000 víctimas.
Mancuso compareció en la audiencia a través de una videoconferencia desde la prisión estadounidense de Warsaw (Virginia) en la que se encuentra recluido desde que fue extraditado a EE.UU. en 2008, dos años después de la disolución de las AUC tras un proceso de diálogo con las autoridades.
El antiguo alto mando pidió perdón a las víctimas de los hechos cometidos por los grupos paramilitares "fundados en una justicia divina, solicitando retroceder el tiempo para no haber caído en ese círculo de violencia y de auto protección que nos llevaron a cometer todos los actos de barbarie conocidos a nivel nacional".
"Actos por los cuales estamos arrepentidos y comprometidos a pagar las penas dentro del proceso de Justicia y Paz (el marco jurídico que reguló la desmovilización desde 2005). Es tiempo de paz, de perdón y reconciliación, de trabajar de la mano de las mismas víctimas a fin de no cometer actos de repetición", señaló Mancuso.
En su intervención también pidió que las víctimas de las unidades que él comandó, los Bloques Córdoba, Norte, Catatumbo y Héroes de los Montes de María, participen en un acto de perdón, reconciliación, reinserción y reparación con otros afectados por la violencia paramilitar en el país.
Mancuso, ganadero de ascendencia italiana, fue entregado a EE.UU. junto a otros doce exjefes de las AUC, todos ellos reclamados por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo y después de que las autoridades colombianas les reclamaran reiteradamente cooperar en el proceso de reparación de sus víctimas.
