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Bogotá, 29 ene (EFE).- El Episcopado colombiano admitió hoy en Bogotá que el entendimiento entre el Gobierno y la exsenadora Piedad Córdoba hace innecesaria su participación en el proceso de la anunciada entrega de cinco rehenes de la guerrilla de las FARC.
"Esta vez no hay dificultad", reconoció el secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Juan Vicente Córdoba, ante el avance de las gestiones para la puesta en libertad por los rebeldes, previsiblemente en una semana, de estos secuestrados.
Son dos concejales, dos militares y un policía cuya liberación fue anunciada el pasado 8 de diciembre por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que retienen, además de ellos, a otros 15 uniformados con fines de canje por insurgentes presos.
Las FARC informaron el viernes que aceptaban los protocolos de seguridad para la nueva misión humanitaria, que será coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y tendrá el apoyo logístico del Gobierno de Brasil.
Los protocolos fueron firmados el mismo viernes por la tarde por el ministro colombiano de Defensa, Rodrigo Rivera, y el jefe de la delegación del CICR en Bogotá, Christophe Beney.
El secretario de la CEC dijo a la cadena Caracol Radio que "está fluyendo el diálogo y están fluyendo todas las negociaciones para la liberación".
"La Iglesia no es llamada (...), porque a nosotros nos llaman es cuando hay conflicto", agregó el sacerdote Córdoba, para quien el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la excongresista Piedad Córdoba "se están entendiendo muy bien en esto".
"Es otro escenario", apuntó el prelado, en alusión a algunas de las entregas unilaterales de rehenes de las FARC durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y en cuyos procesos participó la Iglesia católica, por decisión del Ejecutivo.
Los rebeldes han puesto en libertad de esta manera a 14 secuestrados, siempre a misiones encabezadas por Piedad Córdoba, quien a finales del año pasado fue destituida como senadora e inhabilitada por 18 años para el ejercicio de cargos públicos.
Las sanciones fueron impuestas por la Procuraduría General, dentro de un proceso por colaboración y promoción de las FARC al que fue sometida la política opositora.
Los rebeldes explicaron la nueva entrega de rehenes como un "gesto de humanidad" con la exlegisladora.
