Bogotá, 30 dic (EFE).- El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, reveló hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) le pidió a la Justicia de este país que reforme su metodología de investigación y dé prioridad a los casos que más lo requieran para no tener que intervenir.
Este encargo conlleva un "desafío" para la Justicia colombiana y sobre todo en los casos de ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos", según admitió el fiscal en una entrevista publicada hoy en la edición digital del diario colombiano El Tiempo.
"Si no hay justicia en Colombia, las personas responsables de los 'falsos positivos' podrían ser investigadas por la Corte Penal Internacional", señaló en alusión a este crimen por el que agentes del Estado mataron civiles y los presentaron como guerrilleros muertos en combate a cambio del favor de sus superiores.
El fiscal general colombiano indicó que además de la CPI, encargada de conocer casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y agresión, Colombia puede también recibir una condena del sistema interamericano de derechos humanos que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para evitar estos escenarios, Colombia debe realizar una "investigación exhaustiva", llevar a los responsables ante los tribunales e indagar "de acuerdo con los estándares de macrocriminalidad" con que deben investigarse las violaciones sistemáticas de los derechos humanos", dijo Montealegre.
El fiscal Montealegre dijo que el ente acusador lleva nueve meses trabajando esas metodologías y las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Fiscalía investiga los casos de "falsos positivos" que afectaron a 3.000 víctimas y que fueron perpetrados por 1.726 agresores, lo que a juicio del fiscal evidencia la necesidad de determinar si se trató de "ataques planificados contra derechos humanos por motivos políticos, religiosos, étnicos o económicos.
Precisamente, la ONU calificó esa práctica de ejecuciones extrajudiciales como "sistemática", después de que en 2008 estallara el escándalo de los "falsos positivos" en un momento en que el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa.
El fiscal señaló que por este delito hay detenidas 2.035 personas, y observó que la mayor parte de los casos tuvo lugar en las regiones de Antioquia (noroeste), Meta (centro), Norte de Santander (noreste), Caquetá (sur) y Casanare (este).
"Daremos un nuevo enfoque a la investigación de los 'falsos positivos': vamos a establecer las conexiones entre los hechos a partir de un trabajo de análisis geográfico y otros elementos comunes", explicó.
El temor porque estos casos queden en la impunidad revivió este mes con la aprobación en el Congreso y promulgación presidencial de la reforma de un fuero militar que establece un nuevo sistema penal especializado para los delitos cometidos por agentes del Estado durante el servicio.
La ONU y organizaciones como Human Rights Watch criticaron que la distribución de los delitos entre la justicia ordinaria y la militar podría dejar una puerta abierta a la impunidad, aunque finalmente quedó claro que será la Fiscalía la que investigará estas ejecuciones extrajudiciales.
