Bogotá, 15 abr (EFE).- Una delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) inició hoy una visita oficial de cinco días a Colombia en coincidencia con el inicio de una nueva ronda del diálogo de paz entre el Gobierno y las FARC en Cuba.
La visita tiene el objetivo de hacer un seguimiento al análisis que este organismo inició en 2004 sobre la situación de la justicia y los derechos humanos en este país.
Ese año la CPI puso a Colombia en el denominado grupo de observación: países en los que han ocurrido graves crímenes, pero en los que se considera que la justicia interna funciona.
"La Corte está observando lo que tiene que ver con grupos armados ilegales y el propio Estado", explicó a Efe el representante Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso colombiano, que se reunirá con el grupo de la CPI durante la semana.
La delegación, que llegó el domingo a Bogotá, comenzó hoy su agenda con una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, informó a Efe un portavoz de la Cancillería, que no dio información sobre lo tratado.
A lo largo de esta semana, la misión mantendrá otros encuentros con representantes de los Ministerios de Justicia, Interior y Defensa y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
También se reunirá con representantes del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de Nación.
El grupo está conformado por Emeric Rogier, jefe de la Sección de Análisis de la Situación; Fabricio Guariglia, asesor superior de Apelaciones; y los analistas adjuntos Eugenia Valenzuela y Daniel Ulmer.
Cepeda denunció el pasado diciembre en Roma al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ante la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, por un caso de escuchas ilegales contra jueces, periodistas y activistas, y aprovechará la visita para preguntar a los delegados sobre el asunto.
Los casos concretos de los que la CPI recogerá información son el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares de 2005, la "parapolítica", como se conocen los vínculos de políticos con paramilitares, y las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como "falsos positivos".
"También está (en agenda) hacer un seguimiento de cómo están las investigaciones, juicios y condenas a miembros de la guerrilla", explicó Cepeda.
La visita se da en medio de las negociaciones de paz iniciadas en noviembre pasado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y según Cepeda, el grupo de la CPI va a abordar el asunto con preguntas acerca de la participación de las víctimas y las propuestas que se están discutiendo en La Habana.
Por su parte, los integrantes de la CPI responderán al Gobierno, al Congreso y a las entidades con las que se reúnan "cuales son las líneas rojas que no pueden ser transgredidas" en la negociación.
La semana pasada el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó que "en este momento no existe ninguna condena contra un miembro del Secretariado (cúpula de las FARC) por delitos de lesa humanidad" y se mostró favorable a que los máximos líderes de la guerrilla puedan participar en la vida política si se llega a sellar un acuerdo de paz.
A finales del pasado año, la CPI ya pidió a la Justicia de Colombia que reformase su metodología de investigación y diese prioridad a los casos que más lo requirieran para no tener que intervenir.
En concreto, la CPI se refirió a los casos de "falsos positivos", estancados en los tribunales colombianos, y en ese entonces, el fiscal advirtió que en caso de no haber Justicia en Colombia, "las personas responsables podrían ser investigadas por la Corte Penal Internacional".
