Víctimas de la guerra civil en el Salvador (1980-1992) durante un acto el pasado 29 de octubre en la población de San Vicente en el que el Estado salvadoreño pidió perdón y reconoció su responsabilidad por desaparición forzada de niños. EFE/Archivo
San José, 10 dic (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció hoy una sentencia contra El Salvador por una de las mayores masacres de las que se tiene registro en Centroamérica, ocurrida en 1981 durante el conflicto armado interno y en la que el Ejército aniquiló a cientos de personas.
Según la demanda presentada ante la CorteIDH, con sede en Costa Rica, en "La masacre de El Mozote" murió cerca de un millar de personas, pero los jueces solo lograron comprobar 440 víctimas, de las cuales "una gran cantidad" eran niños.
Por los casos comprobados se impusieron indemnizaciones, costas y gastos, que en total suman 17,7 millones de dólares.
"El Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada (...) en perjuicio de las víctimas ejecutadas", indica el fallo publicado hoy en la página de la CorteIDH y fechado el 25 de octubre pasado.
Otros derechos violados por el Estado son los de libertad personal, prohibición de la tortura, integridad personal, vida privada, domicilio, circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial.
Según los jueces, aunque solo se constató que 440 personas fueron ejecutadas por la Fuerza Armada salvadoreña, esta cifra puede aumentar conforme avancen los trabajos del Gobierno en el "Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote".
Según la Corte, existen "elementos para concluir que el número de víctimas es mucho mayor, aún cuando no consta prueba suficiente para su debida identificación" en la sentencia.
Los jueces afirmaron que la matanza se enmarcó en un contexto de "violencia extrema durante el conflicto armado" y que respondió a una "política de Estado" de "tierra arrasada", la cual "tuvo como finalidad el aniquilamiento masivo e indiscriminado de los poblados que eran asimilados por sospecha a la guerrilla".
El Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, con el apoyo de la Fuerza Aérea salvadoreña, "realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de personas indefensas, dirigidas contra la población civil o no combatiente", concluye.
Los jueces determinaron que luego de las ejecuciones extrajudiciales los efectivos quemaron viviendas, pertenencias y cultivos de los pobladores, lo que obligó al desplazamiento de los sobrevivientes.
La Corte también determinó que "no han habido mecanismos judiciales efectivos para investigar las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas ni para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables".
En su sentencia, La CorteIDH ordenó al Estado continuar con el "Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote" y garantizar su permanencia en el tiempo.
Además, el Estado debe llevar a cabo investigaciones para "identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables" de estos hechos.
El Estado, según indica el fallo, también debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz "no vuelva a representar un obstáculo para la investigación" de la masacre.
El Salvador también está obligado a identificar sitios de inhumación o entierro de las víctimas con el fin de recuperar cuerpos e identificarlos y crear un plan de desarrollo para las comunidades afectadas por la masacre.
Otra de las órdenes de la Corte consiste en que el Estado realice un audiovisual documental sobre "La masacre de El Mozote" e implementar un programa permanente y obligatorio sobre derechos humanos para la Fuerza Armada.
En cuanto a indemnizaciones por daño material e inmaterial, el fallo ordena 35.000 dólares para los herederos de cada una de las 440 víctimas confirmadas por la CorteIDH y 20.000 dólares para cada uno de los 48 sobrevivientes acreditados en la sentencia.
Además, para otros 124 familiares de las víctimas fallecidas, la Corte estableció una reparación de 10.000 dólares para cada uno, así como un total de 100.000 dólares para los representantes legales de las víctimas por gastos y costos del proceso.
La CorteIDH da un plazo de cinco años al Estado para el pago total.
El pasado 16 de enero el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió perdón por lo ocurrido en El Mozote, lo que calificó como "la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana".
