El magistrado de la CSJ José Luis Barceló informó a los periodistas de la decisión de la Sala Penal, fundamentada en un error de procedimiento en el trámite de acusación de la Fiscalía.
La Corte Suprema de Justicia(CSJ) anuló el juicio convocado para hoy contra el exministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt, por la supuesta entrega de beneficios a congresistas en 2004 que favorecieron la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe en 2006.
Los siete conjueces y los dos magistrados que integran la Sala consideraron que no debió ser el vicefiscal de ese momento, Fernando Pareja, sino el entonces fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago, la autoridad competente para firmar la acusación contra Pretelt.
El alto tribunal encargó hoy la revisión del expediente a la Fiscal General de Colombia, Viviane Morales, quien dispondrá de un año de plazo para decidir si acusa al exministro del delito de cohecho y, en caso afirmativo, recopilar y presentar las pruebas ante la Corte Suprema para convocar el juicio.
Los hechos por los que se acusaba a Pretelt están relacionados con su supuesta responsabilidad en la entrega de prebendas y notarías a los ex representantes a la Cámara Yidis Medina y Teodolindo Avendaño a cambio de su voto para beneficiar a Uribe con un segundo mandato.
Uribe logró la reelección y gobernó en total ocho años, desde 2002 hasta el 7 de agosto de 2010.
Tras divulgarse el caso de las supuestas dádivas ofrecidas, el escándalo recibió el nombre en Colombia de "Yidispolítica".
Yidis Medina fue condenada en octubre de 2010 a 50 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito y la pena se suma a otra de 47 meses por cohecho impuesta en junio de 2008; y Avendaño fue sentenciado en junio de 2009 por el alto tribunal a ocho de cárcel por cohecho y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Pretelt fue destituido e inhabilitado de manera retroactiva por 12 años por la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) en octubre de 2010, y renunció a su cargo de embajador de Colombia en Italia unos cinco meses antes, cuando fue llamado a juicio por la Fiscalía.
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