Bogotá, 4 dic (EFE).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Jesús Orozco Henríquez, expresó hoy a los líderes del Congreso colombiano su preocupación por algunos puntos de la reforma del fuero militar que está pendiente de su último debate en el Senado esta semana.
"Hemos compartido nuestra preocupación con los senadores sobre esta situación de que algunos aspectos previstos en el proyecto de reforma resultarían incompatibles con los estándares interamericanos", dijo Orozco en el segundo día de su visita a Colombia, que se prolongará hasta el viernes.
El presidente del organismo, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), admitió a periodistas a su salida de la reunión que "existe la preocupación por la CIDH de que podría correrse el riesgo" de que algunos crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado caigan en la impunidad.
Según Orozco, "el hecho de que se confieran las facultades de investigación preliminar a un órgano de la justicia penal puede poner en predicamento el éxito de un resultado adecuado".
Por ello, los cinco comisionados que conforman la delegación expusieron que a la luz de los "estándares interamericanos", las violaciones a los derechos humanos "deben ser investigadas, procesadas, juzgadas y sancionadas por la justicia ordinaria".
De ser aprobado en una sesión que seguramente se celebrará este jueves, el acto legislativo reformará tres artículos constitucionales.
Hasta este momento, el texto contempla que la justicia ordinaria se haría cargo de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
Los delitos que quedarían en manos de la justicia castrense serían "las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por miembros de la Fuerza Pública", según el texto del proyecto.
La reforma propone además la creación de un Tribunal de Garantías para que conozca cada caso y dirima "los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar", de acuerdo al proyecto de ley.
Según dio a entender el presidente de la CIDH, es este trámite el que más le preocupa al organismo.
