Según informó la Fiscalía General de la Nación, la víctima, de nombre María Paula Ureña Latorre, fue obligada por parte de una juez de familia a pagar $9’000.000 a cambio de no dejarla sin empleo.
Ureña, de acuerdo con el ente investigador, hizo parte del despacho de Clara Eugenia Pinto Betancourt, juez Segundo Promiscuo de Familia, en Arauca, entre los años 2010 y 2012, cuando recibió la exigencia por parte de la procesada.
Inicialmente, Pinto Betancourt le había prestado dinero a dos familiares de la víctima, sin embargo, esta última ya había realizado pagos a la deuda por más de 5 millones de pesos.
Ante la situación, un fiscal delegado de Arauca formuló la imputación de cargos contra la juez implicada, por el presunto delito de concusión, pero ésta no los aceptó.
Fiscalía imputó a una juez de familia por exigir dinero a una funcionaria, a cambio de no dejarla sin empleo. De acuerdo con la denuncia instaurada por la víctima, presuntamente fue obligada por la procesada a pagar $9’000.000, a cambio de no dejarla sin empleo.… pic.twitter.com/fFZI35PqWb
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 16, 2023
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