Según la Fiscalía General de la Nación, siete de los once policías procesados, fueron enviados a la cárcel como presuntos responsables de concierto para delinquir agravado, concusión, peculado por apropiación y fraude procesal. Otros tres uniformados fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliario y uno con medida no privativa de la libertad.
Según las investigaciones, esas exigencias económicas ilegales se habrían extendido a conductores de vehículos particulares que se movilizaban por la zona y a personas que llevaban consigo pequeñas cantidades de alucinógenos. Ante esto, la Policía Metropolitana, a donde pertenecían 10 de los uniformados, se pronunció.
Los policías, que prestaban sus servicios en la subestación El Hatillo de Barbosa y uno más adscrito al Departamento de Policía Antioquia, fueron identificados y capturados tras 14 meses de investigaciones.
