Durante un evento realizado en la mañana del 1 de noviembre, la JEP - Jurisdicción Especial para la Paz, da cuenta del trabajo que ha hecho durante estos años.
Durante el periodo en el que ha tenido vigencia la JEP ha llevado a cabo más de 356 audiencias públicas, en las que le ha dado a las víctimas la posibilidad de expresar sus emociones, buscar la verdad y preguntarle a sus victimarios sobre diferentes hechos y casos particulares. También ha recibo 977 informes de organizaciones sociales.
Durante el 2022, la JEP abrió tres nuevos macrocasos. El 08, que investigará los crímenes cometidos por la fuerza publica y agentes de estado en asocio con paramilitares y terceros civiles. El 09, que investigará los crímenes cometidos contra territorios étnicos y el macrocaso 10, que investigará los crímenes no amnistiables cometidos por la extinta FARC EP.
De los 10 macrocasos que investiga el tribunal, destacan el 01 donde los siete máximos exjefes de las FARC reconocieron los crímenes cometidos ante organizaciones de víctimas.
Para el 03, agentes responsables de los llamados falsos positivos, reconocieron que las personas asesinadas no eran guerrilleros, paramilitares ni delincuentes.
Más de 13.000 personas se han sometido a esta Jurisdicción, entre los que se encuentran exmiembros de las FARC, Fuerza Pública, terceros civiles y participantes de la protesta social.
¿Habrán sanciones en la JEP?
Se avecina la imposición de sanciones de la JEP, el cual será monitoreado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas con los que se activaran los TOAR, trabajo y obras de acción y reparación, que acogen las propuestas presentadas por las víctimas y autoridades nacionales para reparar los delitos cometidos durante el conflicto armado.
Recordó que pronto vendrán las sanciones de UIA que activarán los juicios adversariales con los que se impondrán penas de prisión de hasta 20 años.
“Si nos limitamos a revelar la verdad de los crímenes cometidos y no sigue una sanción, la justicia transicional se convierte en una farsa. Por ello es fundamental disponer de un sistema restaurativo robusto diseñado por el Estado colombiano”: magistrado Eduardo Cifuentes.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 1, 2022
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