La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a más de 80 funerarias en el país, que estarían incurriendo en presuntas irregularidades en la prestación de los servicios y en cobros adicionales cuando se trata de víctimas del COVID-19.
La Superintendencia de Industria y Comercio hizo requerimientos a 86 funerarias del país para verificar las modificaciones y restricciones en la prestación de los servicios durante la pandemia, tales como las medidas de bioseguridad para el manejo de los cadáveres contaminados con el COVID-19, cobros adicionales y el suministro de información para los clientes.
El ente de control adelanta las investigaciones luego de que se presentaran denuncias por parte de los clientes sobre demoras en la prestación de los servicios funerarios, deficiencia en el manejo de la información entregada a familiares y alzas en los costos diferentes a los pactados inicialmente en el marco de la Emergencia Económica y Social.
Las funerarias investigadas deberán informar sobre los procedimientos realizados en casos relacionados con el virus, pues estos deben ceñirse a la guía entregada por el Ministerio de Salud.
De hallarse alguna conducta que viole los derechos de los consumidores tales como la entrega de información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad o seguridad, los prestadores del servicios tendrán multas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para los que no atiendan el llamado de Superindustria podrán recibir sanciones hasta por 1.000 SMMLV.
