De una investigación por supuestos nexos con paramilitares, se originó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude y soborno de testigos.
Los reiterados testimonios de exparamilitares en Justicia y Paz sobre supuestos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la conformación del bloque Metro de las Autodefensas, llevaron al senador Iván Cepeda a buscar testigos desde 2010.
Esa búsqueda obligó al exjefe de estado a denunciar en febrero de 2012 al congresista, por supuesta manipulación de testigos, abuso de función pública, calumnia y fraude procesal. El emisario fue el abogado Diego Cadena, quien visitó a otros exparamilitares.
La denuncia dio un giro en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia contra Cepeda y abrió un proceso investigativo contra Cadena y el expresidente Uribe.
La acusación es que habrían sobornado a exmiembros de las Autodefensas en las cárceles para desacreditar las denuncias del congresista. Uno de ellos fue a Juan Guillermo Monsalve, quien grabó al jurista con un reloj en sus ofrecimientos.
Así empezó la investigación, con una recolección de pruebas y elementos que llevaron a que la Corte Suprema dictara orden de captura y prisión domiciliaria a Uribe en agosto de 2020 durante dos meses.
El expresidente renunció a su curul como senador en ese momento y su proceso pasó de la alta corte a la justicia ordinaria en una Fiscalía a cargo de Francisco Barbosa.
El proceso estuvo pausado y solo hasta el 9 de abril de 2024, es decir, cuatro años después, la fiscalía radicó el escrito de acusación para que en junio comenzara el primer juicio penal contra un expresidente en Colombia.
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