El informe presentado por cinco ONG revela cómo la subregión del Suroeste antioqueño se convirtió, en el último año, en la zona conflicto de estructuras delincuenciales con interés especialmente en la minería ilegal y tráfico de estupefacientes.
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En el municipio de Andes, las organizaciones sociales tienen puesta su mirada. A la fecha ya son 62 homicidios, el más reciente, ocurrió en la noche del lunes en el sector Caja de Oro, donde hombres armados obligaron una persona a descender de un vehículo de servicio público, pero, minutos después, recibió disparos de arma de fuego.
El escenario de riesgo es bastante complejo en el suroeste, denuncian las organizaciones sociales.
“Los que tienen la cifras de muertos más altas son Andes y Buriticá, ahí es donde se está concentrando precisamente porque ese es el punto fuerte de La Oficina del Valle de Aburrá, ellos potenciaron una estructura que se llama La Oficina de Andes y fueron los que potenciaron también los 20 de Julio y esas son las estructuras que están soportando más fuerte la remetida del Clan del Golfo”, indicó Carlos Zapata, presidente del Instituto de Capacitación Popular (IPC).
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El informe también detalla los homicidios colectivos en el suroeste, según Indepaz, entre 2020 y marzo de 2025, se han registrado 22 masacres en municipios como: Ciudad Bolívar, Andes, Betania, Betulia, Venecia, Salgar, Urrao, Támesis, Titiribí y Santa Bárbara.
“Digamos que todas estructuras criminales lo que están peleando es precisamente el control territorial sobre zonas que tienen minería o digamos el asunto del agua y eso es lo que estamos tratando de visibilizar”, agregó Cristina Ríos, directora de la Corporación Vamos Mujer.
El desplazamiento forzado aumentó un 61 % solo en el corregimiento de Santa Inés, en Andes. 60 pobladores tuvieron que desplazarse al casco urbano, debido a la violencia de los territorios, algunos por amenazas y otros porque le han asesinado a familiares.
