Bogotá, (EFE). La ayuda militar y policial prestada por Estados Unidos a Colombia, sobre todo entre los años 2000 y 2010, tuvo impacto en el incremento sustancial de los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como "falsos positivos", según un informe divulgado.
El Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) realizaron esta investigación, divulgada a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que "pretende ubicarse en el contexto actual de búsqueda de la paz para que la cooperación internacional contribuya a desmilitarizar la institucionalidad y la sociedad colombiana".
El estudio analiza el nivel de penetración de la ayuda militar estadounidense en las distintas unidades del Ejército y los registros en la Fiscalía de "falsos positivos", que son las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate a cambio de beneficios económicos o ascensos.
"Existe una correlación entre las brigadas del Ejército que recibieron un nivel mediano de asistencia de Estados Unidos y la comisión de ejecuciones extrajudiciales", establece el estudio sin aportar cifras pero con base en el estudio de tendencias.
La explicación de esta relación está, según testimonios de cargos militares, en que había una política establecida en la institución para presentar altas cifras de guerrilleros muertos, fueran rebeldes o no, y probar así que las ayudas estadounidenses surtían efecto.
Y por eso también concluye que "un mayor porcentaje de unidades comandadas por oficiales entrenados por Estados Unidos entre 2001 y 2003 cometieron ejecuciones múltiples que de unidades de mandos colombianos elegidos al azar".
En concreto, durante el Plan Colombia, el programa de cooperación con Estados Unidos que se implementó en 2002 para acabar con el narcotráfico y las guerrillas por la vía militar, "se presentó un incremento sustancial en estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas y la Policía".
"Por eso resulta imprescindible una evaluación rigurosa de los impactos de tales recursos en la situación humanitaria de Colombia", recomienda el informe.
De acuerdo con los datos que maneja este estudio, entre los años 2000 y 2010 se registraron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, de las cuales 1.821 fueron atribuidas a una unidad concreta del Ejército por parte de los testigos, los organismos judiciales y las organizaciones no gubernamentales.
Además, estima que durante el Gobierno del expresidente y senador electo, Álvaro Uribe, los casos crecieron en un 101%, mientras que mientras el general Mario Montoya fue comandante del Ejército, a quien se le atribuye fomentar la política de beneficios a cambio de bajas en combate, los casos subieron al 141%.
Los registros empezaron a reducirse en 2008, cuando estalló el escándalo de los "falsos positivos" en la humilde localidad de Soacha, cercana a Bogotá, donde una veintena de jóvenes civiles fueron engañados por militares para prestar un trabajo que nunca realizaron y después fueron reportados muertos con uniformes militares.
En consecuencia, la inversión estadounidense comenzó a disminuir porque se comprobó el mal uso de las ayudas y el correspondiente deterioro de los derechos humanos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aspiró el pasado lunes, tras ser reelegido, a que los procesos de paz en marcha permitan utilizar los recursos de las ayudas del Plan Colombia, cada vez menores, en el postconflicto.
