Bogotá, 10 oct (EFE).- Los indígenas colombianos reclamaron hoy formar parte del proceso de paz que el Gobierno y las Farc abrirán el próximo 17 de octubre en Oslo, por considerar que sus comunidades son víctimas directas del conflicto y viven entre el fuego cruzado de todos los actores armados.
Los aborígenes celebran la Plenaria del VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas, en Bogotá, donde expresaron su preocupación por haberse quedado fuera de unas negociaciones que consideran clave para su supervivencia.
El objetivo de este congreso es revisar el papel de los aborígenes dentro de la sociedad colombiana y redefinir su proyecto político, justo cuando la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la más representativa del país, cumple 30 años.
"Estamos definiendo cuál es nuestra propuesta de cara al proceso, pues los planteamientos indígenas tienen cabida en cada uno de los puntos de la agenda", afirmó el consejero de la ONIC y coordinador de la mesa de trabajo por la paz, Juvenal Arrieta.
La agenda pactada entre el Gobierno y las Farc tiene cinco puntos: problema de la tierra, participación política, narcotráfico, desarme de la guerrilla y víctimas.
Todos estos aspectos, según la ONIC, afectan directamente a los pueblos nativos colombianos.
Los indígenas criticaron durante la plenaria que ni ellos ni cualquier otra representación de la sociedad participe en el proceso de paz, así como que el diálogo formal va a comenzar sin un alto el fuego previo.
Asimismo, reiteraron que sus comunidades están especialmente afectadas por los enfrentamientos armados en muchas regiones, especialmente en el Cauca.
En la plenaria del congreso, que se celebra en el Colegio Claretiano de Bosa, un barrio del sur de Bogotá, participan unos 5.500 delegados de las distintas etnias colombianas.
Para facilitar su estancia se han dispuesto carpas para pernoctar, cocinas, lavaderos, puestos de comida y hasta un pequeño mercado donde venden sus artesanías.
La ONIC afirma que en Colombia hay 102 pueblos indígenas, aunque sólo 87 son reconocidos por el Estado (1.378.884 personas). De ellos, 35 están en peligro de extinción física y cultural, según determinó en 2009 la Corte Constitucional.
