Para los asesores en temas de paz, la instrumentalización de la población civil para asonadas en contra de la fuerza pública va en aumento en los últimos años. Estas acciones son tipificadas como un hecho gravísimo ante las leyes constitucionales.
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Situaciones recientes en regiones como el Cauca, Norte de Santander y Antioquia son la evidencia de la falta de acompañamiento estatal en los territorios donde hoy son copados por actores armados.
“Varios aspectos hay ahí, uno, simpatía con el grupo armado, por mucho tiempo está más el grupo armado que la institucionalidad, entonces tienen simpatía, porque hay gente muy conocida integrando los grupos ilegales”, señaló Jaime Landaeta, asesor de paz.
De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en este año se han registrado más de 50 asonadas en Colombia, que ha dejado a militares y policías secuestrados durante horas por la población civil, presionados por grupos al margen de la ley.
“Esta presión pone en riesgo a la población civil, afortunadamente no se han presentado casos de disparos por parte de la fuerza pública cuando hay estas situaciones, pero ilustra la presencia de actores armados como el Clan del Golfo en Antioquia”, manifestó Camilo González Posso, director de Indepaz.
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Todos coinciden en que el Estado, con sus capacidades, debe de fortalecer su presencia en las zonas críticas donde existe una fuerte presencia de grupos armados organizados que pone como escudo de defensa la sociedad civil.
