Tras las críticas que recibió el Gobierno Nacional por cuenta del nombramiento de la nueva directora del ICBF, Consuelo Baracaldo, y su gestión dentro de la entidad, el presidente Gustavo Petro designó a Astrid Cáceres como subdirectora, con el propósito principal de supervisar las denuncias existentes sobre abuso sexual a menores de edad en San José del Guaviare.
En el municipio, se habrían presentado graves denuncias de casos de abuso sexual, además de consumo de sustancias, entre otras vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes de las comunidades del Guaviare.
De acuerdo con las denuncias registradas desde el 2019 y conocidas por el ICBF, una de las principales causas de prostitución a menores es el abastecimiento de alimentos.
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