[El Mundo] El director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco,dijo su temor de que las bandas criminales colombianas afecten a la seguridad nacional y consideró que ponen en riesgo la recientemente rubricada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. "Lo que llaman acá 'bacrim', grupos sucesores del paramilitarismo y que operan en las mismas regiones" son los enemigos de esa ley, señaló Vivanco tras reunirse con el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas.
"Conversamos con el ministro sobre algunas políticas que está impulsando el actual Gobierno, específicamente las que tienen que ver con reparación a víctimas y felicitar al Gobierno por una ley
que tiene una repercusión histórica para Colombia", dijo Vivanco a periodistas.
Añadió que Human Rights Watch acompañará el proceso de implementación de la ley y señaló que el Gobierno deberá hacer grandes esfuerzos por garantizar la seguridad de todos los que participen en él.
"Estos son procesos que requieren de una observación constante, permanente, de la opinión pública acá en Colombia y también de la comunidad internacional", señaló el director de la HRW.
Esa organización, añadió, "está siempre muy pendiente de la situación en Colombia y vamos a estar acompañando todo este proceso. Dependerá de la capacidad que tenga el Estado colombiano de asegurar que pacíficamente puedan los campesinos recuperar sus tierras y ese es un desafío de orden público mayúsculo".
El ministro Vargas, a su turno, expresó que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya está tomando las medidas para brindar la seguridad de las personas a las que se les va a restituir la tierra.
"El Gobierno lo sabe y por eso la ley prevé un capítulo especial para focalizar la protección a aquellas personas que son objeto de restitución de tierras, a los testigos en esos casos y a los funcionarios que intervengan", señaló Vargas.
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue firmada por el presidente Santos el pasado 10 de junio en una ceremonia especial en Bogotá de la que fe testigo de honor el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Esa ley espera indemnizar a cuatro millones de víctimas y devolver dos de las más de seis millones de hectáreas usurpadas a campesinos, hasta 2014, cuando concluye el mandato de Santos
