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Aunque el Nuevo Código Electoral endureció los requisitos para promover revocatorias en el país, hoy un grupo reducido de ciudadanos, inscribió el comité promotor de la revocatoria al alcalde de Medellín.
Expertos políticos en Colombia, creen que este 2021 será el año de las revocatorias en el país; por eso, ante esta desgastada figura que solo ha servido históricamente para ponerle zancadilla a los contradictores políticos, el Congreso de la República, aprobó el nuevo código electoral, que endurece en dos de sus artículos, las exigencias y requisitos para convocar a revocatorias de alcaldes y gobernadores.
Hoy en un escenario ciudadano y con poca participación, fue inscrito el comité promotor de la revocatoria al alcalde de Medellín.
Por disposición de ley, el próximo 10 de enero se cumple el plazo para radicar las iniciativas de revocatoria del mandato de jefes de entes territoriales, pero con las nuevas exigencias legales de hasta el 40 % de firmas de los votos obtenidos por el mandatario elegido, nuevamente, un alto porcentaje de las revocatorias, no alcanzarán su objetivo.
Especialistas recordaron que una de las exigencias de esta figura jurídica contemplada en la Constitución Política es que solo pueden tramitarse transcurrido un año desde la posesión, no obstante, contradictores y enemigos intentan confundir a los electores y ciudadanos, mucho antes de lo estipulado en las normas.
La incierta carrera de revocatorias en Colombia inició desde muy temprano en 2020 contra Claudia López en la ciudad de Bogotá, cuando ni el Plan de Desarrollo estaba aprobado por el Concejo Municipal y cursa otra iniciativa contra el presidente Iván Duque liderada por el senador Roy Barreras, exintegrante del partido de la U y quien desconoce la historia y las leyes, porque según los expertos, se revocan alcaldes y gobernadores, pero no el presidente.
Las cosas así, permiten demostrar que en 50 años de historia política de Colombia, solo un alcalde ha sido revocado en el año 2018 en Tasco Boyacá, y que esta figura jurídica la han desgastado en oportunismos políticos y en un desgaste administrativo y económico para las autoridades electorales.
