ncenter size-full wp-image-4809" title="santos usb" src="https://telemedellin.tv/wp-content/uploads/2011/01/santos-usb.jpg" alt="" width="352" height="479" />
Bogotá, 22 ene (EFE).- Una memoria USB con información confidencial sobre beneficiarios de devolución de tierras en Colombia y que había sido robada a una ONG fue hallada hoy, informaron fuentes oficiales.
La memoria fue arrojada por un desconocido al patio de la casa de Carmen Palencia, directora de la organización no gubernamental Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a la Tierra, que trabaja en el municipio de Apartadó, en Antioquia (noroeste), según fuentes de la fiscalía local citadas por Caracol Radio.
"Hoy por la mañana la señora (Palencia) dijo que la memoria la habían recuperado, que se la habían tirado en su patio", detalló uno de los investigadores del caso a la mencionada emisora.
Esa memoria, robada esta semana de las oficinas de la ONG en Apartadó, contiene información confidencial sobre beneficiarios de restitución de tierras, quienes además han recibido amenazas contra sus vidas, según denunció el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en una carta enviada al director de la Policía, el general Óscar Naranjo.
Tras conocer el robo y las denuncias de amenazas, Naranjo prometió ayer protección, para evitar agresiones de las "mafias que no quieren permitir la restitución de tierras".
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que asumió el pasado 7 de agosto, se ha propuesto restituir unos dos millones de hectáreas de tierras de los más de cinco millones que fueron usurpadas a los campesinos por grupos armados ilegales, especialmente paramilitares pero también guerrilleros.
En menos de dos años, al menos siete líderes de desplazados y beneficiarios de restitución de tierras en Antioquia han sido asesinados.
Además, al menos 40 dirigentes de desplazados han perdido la vida de forma violenta en Colombia desde marzo de 2002, según registros de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En septiembre pasado, la ONU advirtió al Gobierno colombiano de la urgencia de tomar "medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras", al ofrecerse a acompañar al Estado en esa tarea.