La deuda del Gobierno nacional por concepto de opción tarifaria y subsidios a estratos bajos es de 7 billones de pesos con las empresas de servicios públicos domiciliarios en el país, más de la mitad de estos recursos se los adeuda a EPM y su filial Afinia en la costa.
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La misma Contraloría advirtió que si no se salda la deuda, las empresas podrían trasladar a los usuarios los gastos, por el incumpliendo con la opción tarifaria el precio de la energía subiría un 22 % para todos los colombianos, pero los estratos 1, 2 y 3 se triplicaría.
“Pero el no pago de los recursos de subsidio puede encarecer un 150 % la tarifa para el estrato 1, un 70 % para el estrato 2, y un 40 % para el estrato 3, es decir, un encarecimiento muy significativo”, manifestó Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos.
EPM también advirtió sobre el racionamiento de energía ante la falta de pagos, sobre todo desde su filial Afinia para los usuarios en la costa. Los apagones podrían ser, incluso, en otras regiones del país donde los comercializadores ya no puedan pagarle a los generadores.
“Además de un inminente riesgo de encarecimiento de las tarifas a los usuarios de estratos 1,2 y 3, también es un riesgo de suspensión del servicio porque si los comercializadores no le pagan a los generadores podrían presentarse fenómenos llamados limitación de suministros”, agregó Gaviria.
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La deuda del Gobierno nacional con EPM y su filial supera los 4 billones de pesos.
