El proyecto de ley que radicó el Gobierno en la Cámara de Representantes adiciona, modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como la Ley de Orden Público, buscando así convertir en política de Estado, la política de Paz.
"Eso implica que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento y que incluso los procesos de paz que están en curso vinculen a los Gobiernos siguientes en la continuidad de lo que es un derecho y un deber constitucional como es la búsqueda de la paz que no es potestad exclusiva de un Gobierno, sino una política constitucional y de Estado" afirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
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El proyecto de ley que deberá pasar por cuatro debates en el congreso para poder ser aprobado crea el servicio social para la paz y el fondo para la paz, además otorga facultades a los mandatarios locales para que emprendan negociaciones con los grupos que delinquen en su territorio y que expresen su voluntad de acogimiento, lo que hasta ahora, ha sido potestad única y exclusivamente del presidente.
"El orden público no es sólo imponer la fuerza legítima del Estado y someter a la justicia a los violentos, el verdadero orden de las sociedades es la convivencia pacífica. Cuando se vive en paz hay orden, cuando se vive en violencia hay desorden 01:59 Roy Barreras, Presidente del Senado
El proyecto de Ley también plantea ubicar a los miembros de las organizaciones armadas que expresen su voluntad de paz en zonas determinadas del país, donde habría altos al fuego y, finalmente, levantar las órdenes de captura y extradición en su contra.
