El Gobierno nacional hizo oficial la declaratoria de emergencia económica por el terremoto del pasado 10 de agosto, mediante el Decreto 1261 de 2026, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La medida busca facilitar la atención de las comunidades afectadas y acelerar la recuperación de las zonas que sufrieron daños por el sismo.
Según el más reciente reporte de Medicina Legal, el terremoto deja hasta ahora 319 personas fallecidas. A esto se suman más de 54.000 familias y 115.000 personas afectadas en sus viviendas e infraestructura, de acuerdo con cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
¿Qué contempla la emergencia económica?
El decreto establece diferentes mecanismos para movilizar recursos y apoyar a las poblaciones y sectores afectados. Entre las medidas planteadas están:
- Regalías: se contempla utilizar recursos del Sistema General de Regalías, incluido el Fondo de Ahorro y Estabilización, para financiar proyectos de inversión relacionados con la emergencia.
- Obras por Impuestos: el Gobierno plantea modificar las condiciones de este mecanismo para ampliar su alcance en los territorios afectados y facilitar proyectos de reconstrucción.
- Bienes de la SAE: se prevé agilizar la venta de activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que puedan contribuir a la atención de las víctimas y la reconstrucción.
- Sector cooperativo: se busca permitir que determinadas cooperativas de ahorro y crédito puedan ofrecer créditos, captación y auxilios a personas afectadas que no estén afiliadas a estas entidades.
- Micro y pequeñas empresas: se plantean apoyos para cubrir parte de los salarios y aportes de los trabajadores, además de líneas de crédito de emergencia con condiciones especiales, como tasas subsidiadas y periodos de gracia.
- Turismo: se contempla utilizar recursos de Fontur para subsidiar temporalmente la operación de hoteles ubicados en las zonas afectadas.
- Grupo Bicentenario: se prevén condiciones favorables en productos financieros de entidades como el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro, mediante mecanismos como subsidios de tasas, garantías y periodos de gracia.
El decreto establece estas rutas de acción, pero varios de los mecanismos todavía requieren reglamentación o decisiones posteriores para definir cómo se aplicarán.
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¿Qué alivios ya fueron anunciados?
Antes de la declaratoria, el Gobierno había establecido medidas tributarias para las personas afectadas, entre ellas el aplazamiento de obligaciones relacionadas con la declaración de renta.
El sector financiero también anunció medidas para los damnificados. Asobancaria informó que los bancos trabajan en alivios que incluyen periodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, modificación de plazos y condiciones de los créditos y suspensión temporal de cobros jurídicos y prejurídicos.
Según el gremio, estas medidas tendrían un potencial alcance de 2,8 millones de usuarios en las zonas afectadas.
¿Qué implica la emergencia económica?
La emergencia económica es uno de los estados de excepción contemplados en el artículo 215 de la Constitución. Permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar situaciones que alteren gravemente el orden económico, social o ecológico del país.
Puede declararse inicialmente por un periodo de hasta 30 días y extenderse, sin superar 90 días en un mismo año. La declaratoria debe ser revisada por la Corte Constitucional, mientras el Congreso puede ejercer control político sobre las medidas adoptadas.
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El plan para reconstruir las zonas afectadas
La emergencia económica se suma al Plan Milagro de Reconstrucción, anunciado previamente por el Gobierno para coordinar la recuperación de las zonas golpeadas por el terremoto.
La estrategia contempla tres etapas:
En la primera, la UNGRD entregará subsidios de arrendamiento a las familias que tengan que abandonar sus viviendas. Paralelamente, equipos técnicos evaluarán las edificaciones para determinar cuáles pueden repararse, cuáles requieren reforzamiento y cuáles deberán ser reemplazadas.
La segunda fase contempla la entrega de proyectos de Vivienda de Interés Social para las familias que perdieron sus hogares, mediante un esquema de financiación en el que participarían el Gobierno, las cajas de compensación y el sector privado.
Finalmente, para 2027 y 2028, el plan contempla nuevos proyectos de vivienda, mejoramientos e infraestructura como colegios, vías y puestos de salud.
La declaratoria de emergencia económica se suma a la situación de desastre nacional decretada por el Gobierno el 11 de agosto, luego del terremoto. Esta decisión permitió activar los protocolos de respuesta y priorizar recursos para atender la emergencia.
