Human Rights Watch (HRW) denunció que el Gobierno de Colombia nombró en puestos clave del Ejército a generales que son investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales y algunas responsabilidades en casos de "falsos positivos".
Según contó esta organización, el Presidente Iván Duque y el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, nombraron al General Nicacio de Jesús Martínez Espinel como el comandante del Ejército de Colombia.
Posteriormente, el 21 de diciembre, el General Martínez Espinel nombró a otros ocho militares en puestos clave del Ejército. HRW aseguró que habría pruebas que vincularían a estas personas y al General con algunos casos de "falsos positivos" y otros abusos entre 2002 y 2008.
“Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
De acuerdo con esta investigación, al menos tres de los militares nombrados estarían siendo investigados. Además, la Fiscalía estaría avanzando en investigaciones de ejecuciones perpetradas por los soldados bajo el mando de los otros seis.
HRW asegura que los comandantes tenían conocimiento o deberían haber sabido sobre los homicidios en los casos de falsos positivos. Por ende, de acuerdo con el derecho internacional, serían responsables por los crímenes de guerra y también penalmente responsables por saber que sus subordinados estaban cometiendo esos delitos.
En la publicación resaltan el acceso a un informe firmado por el General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, que certifica el pago de $ 1.000.000 de pesos colombianos a un informante que habría entregado datos para lograr "excelentes resultados" en dos operaciones militares.
En una de las mencionadas, fueron dadas de baja dos personas, reportadas como NN masculino y femenino pertenecientes al Frente 39, pero que según información de los tribunales, se trataría de "Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años".
Desde la organización aseguran que el Estado colombiano ha condenado a soldados rasos por estas ejecuciones extrajudiciales. Por lo que denuncian que "las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes. En cambio, han ascendido a muchos de estos militares, y han permitido que varios alcancen los más altos cargos en las Fuerzas Militares".
Lea aquí el informe de HRW completo.
