Un fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores (Guaviare), por su presunta responsabilidad en los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica.
Según el ente investigador, se pudo identificar el grave daño ambiental y la acelerada pérdida de selva en una zona especial de protección ecológica de ese departamento.
En las verificaciones de las autoridades, se pudo establecer la construcción de una vía entre los dos municipios, y que se realizó sin los permisos y las licencias ambientales requeridos. A su vez, se pudo determinar que el paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la quema de árboles, incidieron en el deterioro del área protegida.
El juez de control de garantías de San José del Guaviare, decretó como medida cautelar el cierre inmediato de la vía.
Entidades como el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), señaló que la deforestación se triplicó en el Guaviare durante el periodo en el que gobernaron los dos mandatario locales implicados. Pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018.
Además, se conoció que varios de los focos de incendios generados en esa zona del Amazonas colombiano, están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal.