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Bogotá, 21 mar (EFE).- Las recientes denuncias de falsas desmovilizaciones paramilitares en Colombia han reavivado las sospechas de que el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) cometió errores en la negociación de paz con esos grupos que han facilitado la reorganización de los criminales en nuevas bandas.
Muchos "mandos medios" de las ahora extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no entraron en las desmovilizaciones, algunas de las cuales fueron "bastante superficiales", dijo hoy a Efe Camilo González Posso, presidente de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
"Los malos procedimientos han facilitado la recomposición actual", ejemplificada en nuevas bandas criminales que para muchos expertos y ONG son herederas de los paramilitares, aunque el Gobierno que preside Juan Manuel Santos, que las denomina "bacrim", insiste en tipificarlas como "crimen organizado".
Para Michael Reed, director del no gubernamental Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, en inglés), una de las claves del problema es que no se puede "asumir que la desmovilización de las AUC era la de todas las estructuras de grupos ilegales del país".
"El tema del narcotráfico no se abordó de manera explícita, sino de manera implícita y hasta soterrada", sostuvo Reed en una entrevista publicada por el último número de la revista Semana, que comenzó a circular este fin de semana.
En la misma línea, González Posso afirmó que durante todo el proceso de desmovilización, de 2003 a 2006, se prestó atención al "componente militar" de las AUC, pero no a las redes de narcotráfico ni a los vínculos políticos de los "paras".
Ambos expertos coinciden en que, desde el comienzo de los diálogos de paz con las AUC hubo cierta "confusión" sobre quiénes estaban negociando y quiénes no, y en su momento se alertó del asunto a los representantes en el país de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.
Pero han sido los recientes testimonios de exjefes paramilitares y narcotraficantes los que han vuelto a poner sobre la mesa las dudas sobre si se "inflaron" las cifras de desmovilizados.
El pasado 4 de marzo, el exjefe paramilitar Freddy Rendón, alias "El Alemán", dijo durante una audiencia judicial en Bogotá que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, a finales de 2003, fue "un montaje".
En la mira está el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien también tuvo que declarar la semana pasada ante la Fiscalía por las denuncias sobre la desmovilización "simulada" en 2006 de la Compañía Móvil Cacique Gaitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que no reconoció como suya esta facción.
Según Reed, el hecho de que se contabilizaran más de 30.000 desmovilizados de las AUC cuando el objetivo inicial, según documentos oficiales, era desarmar a entre 15.000 y 20.000 combatientes, "tenía el propósito de confundir, de cubrir retaguardias que quedaron armadas y grupos que nunca se desmovilizaron".
Y González Posso abunda en la misma idea: en las listas de desmovilizados "metieron a empleadas del servicio doméstico, conductores y empleados de los grandes capos".
Además, se entregaron "muchas menos armas de las que tenían" realmente las AUC, añadió el presidente de Indepaz.
Esas armas nunca entregadas y esos "mandos medios" que siguieron delinquiendo fueron confluyendo con otros grupos ilegales que, a juicio de Reed, "como no entraron en el proceso de desmovilización vieron la posibilidad de ampliar su influencia, y lo hicieron".
Esos grupos, llamados ahora "bacrim", tienen actualmente capacidad para actuar en uno de cada tres municipios colombianos, según un reciente informe de Indepaz, y son la principal amenaza para la seguridad nacional.
