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Bogotá, 16 nov (EFE).- El esperado fallo final de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el litigio de límites de Colombia y Nicaragua en el Caribe, que se conocerá el próximo lunes, tendrá delicadas implicaciones constitucionales y fuertes repercusiones políticas en el país suramericano.
El Gobierno se declara convencido de que la sentencia será favorable al país, pero los analistas no son tan optimistas, a pesar de que el Tribunal de La Haya, con su sentencia preliminar de 2007, dejó fuera de discusión las islas mayores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El país andino ha ejercido la soberanía sobre este territorio en virtud del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, año en el que Nicaragua estaba invadida por tropas estadounidenses, una de las razones por las que el Gobierno de ese país lo invalidó y anuló en 1979.
El internacionalista colombiano Eric Tremolada dijo que a esa época se remontan la ingenuidad jurídica y los errores de Colombia en el caso, al subestimar las pretensiones nicaragüenses y sostener que dicho tratado blindaba la soberanía sobre el territorio reclamado.
En su fallo de hace cinco años, la CIJ confirmó la validez de este instrumento sobre las islas mayores, dejó en discusión la soberanía sobre los demás islotes y cayos, y consideró que el Meridiano 82° no podía asumirse como línea de delimitación y, por tanto, se declaró competente para fijar una nueva.
El trazado de una frontera entre Colombia y Nicaragua es la gran pretensión del país centroamericano, que con su demanda de diciembre de 2001 iba tanto por el archipiélago como por un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados.
"Colombia no ha entendido que desde 2007 venimos perdiendo, y la Corte va a reiterarlo", advirtió Tremolada, profesor de las facultades de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Tremolada opinó que es muy seguro que Colombia pierda mar y que la CIJ, bajo criterios de equidad, vaya a sugerir a ambas partes un nuevo trazado.
El área dependerá de la tesis que apruebe el tribunal, que tuvo en discusión la propuesta colombiana de fijar el límite al oeste del archipiélago, muy cerca del Meridiano 82°, y la nicaragüense de hacerlo al este del mismo territorio de ultramar, que dista unos 700 kilómetros de la parte continental del país andino.
El presidente Juan Manuel Santos, así como la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, tienen confianza en que la CIJ acogerá la tesis colombiana
"Esperamos que sea al occidente de San Andrés y no al oriente, como quiere Nicaragua", dijo Santos el jueves en Lisboa, de paso para la Cumbre Iberoamericana de Cádiz (España).
"Las pretensiones de Nicaragua son (...) bastante audaces. Nosotros creemos que la Corte no le va a dar la razón a Nicaragua", agregó.
Más concreta, la canciller Holguín afirmó esta semana, en una entrevista periodística, que "el fallo debe ser favorable a Colombia", con la confirmación de su soberanía sobre los cayos. Pero, al mismo tiempo, Holguín admitió que la CIJ deberá fijar la "línea media" entre los dos países, sobre lo cual expresó: "la Corte no puede hacer nada distinto a aplicar el derecho a la geografía".
Tremolada, que ha estado al tanto de este litigio, cree que el fallo no afectará a Colombia en cuanto a su soberanía sobre las otras islas, los islotes y cayos, "salvo la posición de Quitasueño",
El experto explicó que Nicaragua alega que el cayo de Quitasueño no es tierra emergida, tesis que, de ser aceptada por la CIJ, implicará para Colombia la pérdida de más mar, mientras la tesis colombiana es que sí está sobre el nivel del mar.
"¿Cuánto? No sé", apuntó Tremolada, para quien sea la porción que sea, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, "va a sacar pecho".
El internacionalista Ricardo Abello Galvis, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, coincidió en que el mayor riesgo está en que la CIJ considere que algún cayo no está sobre el nivel del mar.
Un caso en el que la porción se sustrae del tratado, con efectos sobre las áreas marinas, según este experto.
Abello consideró que, para Colombia, la parte "más complicada" ya pasó, con el fallo de 2007, pero advirtió de que está claro que "el Meridiano 82° no va a ser la frontera marítima" y que Nicaragua pide que "la frontera quede a mitad de camino entre las islas y la costa colombiana".
El fallo, según lo prevé Tremolada, abrirá para el país un nuevo y complicado escenario.
"Lo lógico es que Colombia se siente a negociar con Nicaragua un nuevo tratado", dijo Tremolada, pero advirtió de un problema adicional: un artículo de la Constitución de 1991 recoge todos los tratados fronterizos o de límites vigentes para el país, entre ellos el Esguerra-Bárcenas.
