Los habitantes del departamento de Guainía en los municipios de Inírida y áreas no municipalizadas Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe, están en grave riesgo por estos procesos de extracción minera ilegal; así lo dijo en un comunicado de alerta temprana la Defensoría del pueblo.

Según las denuncias de la defensoría, los grupos ilegales están utilizando a los habitantes de estas poblaciones para la extracción de recursos minerales y narcotráfico, actividades con las cuales se financia la lucha armada de los grupos.

“En la Defensoría del Pueblo encontramos que esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados y les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia y de imponer el control territorial y social”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En esta zona del departamento de Guainía tiene presencia el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. Además, en esta zona, estarían buscando tener incidencia las Autodefensas Gaitanistas.

“Bajo este contexto la población civil está expuesta a graves vulneraciones de sus derechos fundamentales. Por eso le solicito a los grupos armados organizados que detengan de inmediato sus acciones contra la población civil y que acojan la propuesta de paz del Gobierno Nacional como la oportunidad para brindarle tranquilidad a las comunidades en estos territorios”, aseguró el Defensor del Pueblo.

La Defensoría emitió 33 recomendaciones en las que involucra a las autoridades del orden municipal, departamental y nacional, como la Fuerza Pública tomen medidas urgentes de prevención de este tipo de vínculos con grupos armados ilegales en el departamento de Guainía.